PUEDE LA CONTRALORIA GENERAL SANCIONAR AL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA?

Por Luis Hermes Ruiz. 21 abril 2012 En mi modesta capacidad, diré que no puede. Escuché al señor fiscal General, doctor Montenegro, que en razón del concepto emitido por el Consejo de Estado, que reafirmó la competencia de la Contraloría en materia de investigación fiscal , frente a la actuación de los Conjueces nombrados por el Consejo Superior de la Judicatura (algunos Magistrados son investigados por la Contraloría), que en fallo absurdo, le quitaba la competencia a la Contraloría General para juzgar a los aforados en materia fiscal, expresando que esa competencia le es propia a la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes, para acusar ante el Senado al Presidente de la República o quien haga sus veces, a los Magistrados de las altas Cortes y al Fiscal General de la Nación ( Art. 178 CN). La Contraloría General de la República, es un órgano de control que vigila la gestión fiscal de los particulares o entidades que manejen fondos o bienes de la nación; ejercicio que cumple en forma posterior y selectiva incluyendo el control financiero de gestión y resultados que se fundamentan en la eficiencia, la economía, etc. Pues bien, es justamente en virtud de ser éste un órgano que controla las diferentes ramas del poder, que tiene la facultad de sancionar a quienes desvíen el manejo de los recursos fiscales de los colombianos y en razón de ello, puede investigar a quienes así procedan, no sólo obligándolos a devolver al fisco nacional, los fondos o bienes de los que se apropiaron sino, acusándolos si existen pruebas, para realizar las investigaciones disciplinarias y/o penales y decretar si fuere necesario la suspensión del cargo mientras culmina la investigación. Lo anterior no aplica para el Presidente, porque el artículo 198 CN, expresa que el Presidente o quien haga sus veces no podrá ser perseguido ni juzgado por delitos sino en virtud de acusación de la Cámara de Representantes. Por lo anterior no tiene competencia la Contraloría para juzgarlo sino como cualquier ciudadano, para acusarlo.

LA SUSPENSION DE USECHE

Cali, 4 de abril 2012.

Por: Luis Hermes Ruiz

La Contralora General, Sandra Morelli, en fallo de segunda instancia ratificó el detrimento patrimonial de la ILV. Y ordenó que 16 encartados, debían cancelar $ 40.676.000.000.oo en forma solidaria y corrió traslado de su fallo al Presidente de la República y a la Procuraduría General de la Nación por considerar la falta como grave.

El Presidente por intermedio de su Ministro del Interior ha consultado al Consejo de Estado para que defina si hay vacancia temporal o absoluta; si lo primero, empezó con encargar a un funcionario del orden nacional de la gobernación y si lo segundo, convocará a elecciones.

Por mi parte, tengo otra lectura de la situación y espero no estar equivocado; veamos porque: Primero.- el gobernador Useche no está destituido sino sancionado fiscalmente y en forma sobreviniente, pues su caso tiene lugar cuando él era Secretario de Salud del departamento y fungía como Miembro de la Junta Directiva de la ILV, y en tal virtud, el Presidente, debió encargar a una persona del movimiento que inscribió a Useche en razón de que éste, sigue siendo el gobernador y por lo tanto, quien debe seguir en el cargo es alguien que aplique su plan de gobierno. Segundo.-quien debe decidir sobre una sanción disciplinaria es el Ministerio Público y en este caso el Procurador General, que al recibir el traslado del fallo, estudiará aplicando el debido proceso, la sanción que merezca el investigado, definiendo la falta como leve o grave; si lo primero entonces suspenderá al funcionario y si lo segundo lo podrá destituir; en los dos casos, debe nombrarse una persona del partido o grupo político del doctor Useche,

Es lógico que los encartados deben haber cancelado antes, lo correspondiente al detrimento patrimonial que llevó a la sanción fiscal.

El Presidente ha encargado de la gobernación al doctor Aurelio Iragorri Valencia, prestigioso hombre público que viene a trabajar por el Valle con buena intención, nada tenemos en su contra pero esperemos a ver que dice el Consejo de Estado.